Thelma Aldana: “Los enemigos del MP son
grandes”
grandes”
Hay quienes encuentran en la reapertura del caso de antejuicio del
exdiputado Gudy Rivera un esfuerzo por atacarla tanto penalmente como ante la
opinión pública. ¿A qué cree que se debe todo
esto?
No entiendo y no logro comprenderlo. No puedo asegurarlo,
pero me parece que la jueza del caso (Aura Marina Mancilla Solares) siguió el
trámite de ese antejuicio a pesar de que él ya no tiene inmunidad (el Tribunal
Supremo Electoral, TSE, anuló la inscripción del congresista el 14 de Enero).
No tengo el expediente a mano, pero tengo la impresión que la pesquisidora
recomendó que no se le quitara la inmunidad porque calificó de ilegal la
grabación que hizo Claudia Escobar (exmagistrada que denunció al político de
chantajearla para que emitiera un fallo a favor de la ex vicepresidenta Roxana
Baldetti. Ella grabó la plática y presentó el registro como evidencia).
¿Por qué si él ya no es diputado,
la Corte Suprema de Justicia (CSJ) retoma el antejuicio?
Asumo que el expediente llegó en febrero y entonces la
Corte Suprema debía recibirlo y trasladarlo al juez contralor porque el
antejuicio perdió materia (el acusado ya no goza de inmunidad porque no asumió
su curul). No es asunto de magistrados, corresponde a la Presidencia de la CSJ
porque es una resolución de trámite. Es extraño que hayan convocado al pleno
para conocer este asunto. El Presidente lo recibió, a pesar de que ya se
excedió la jueza pesquisidora, ella se debió haber inhibido.
¿Qué implicaciones tiene esto?
Si la corte no conoce o devuelve el expediente al juez
contralor no habrá problema. Pero si entra a conocerlo de fondo y lo declara
con lugar, puede traer consecuencias legales para mí por solicitar la captura y
también para el juez que la ordenó.
¿Y cómo reaccionaría?
Podríamos plantear un amparo porque la Corte Suprema ya
no tiene competencia porque el asunto perdió materia a partir de que el TSE no
le asignó el cargo a Gudy Rivera.
Algunos columnistas y expertos
han advertido que esto es un ataque contra el MP y la Comisión Internacional
contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Usted ¿opina igual?
Espero que no. No tendría cómo probarlo, pero estoy clara
que la mala fe hay que poblarla y la buena fe se presume.
¿Existen posibilidades reales de
que hubiese consecuencias legales para usted o todo es bulla para
desestabilizar al MP? ¿Es un pulso para medir fuerzas?
Depende de lo que se resuelva en la CSJ. Pero espero que
el presidente del Organismo Judicial traslade el expediente al juez contralor y
se acabe el problema.
¿Considera que fiscales e
investigadores del MP y CICIG se encuentran vulnerables a ataques tanto legales
como a campañas de difamación ante la opinión pública?
En la medida en que llevamos tantos casos fuertes en los
tribunales del país, cualquier ataque puede llegar en cualquier momento y de
cualquier lado. Pero nosotros nos defendemos con pruebas en el lugar correcto:
los tribunales. Sabemos los riesgos que corremos pero estamos enfrentándolo
como mucha seriedad y con fe en Dios.
¿Quiénes son los enemigos del MP?
Todas las personas que hemos llevado a los tribunales del
país. Particularmente los de los casos que llevamos de manera conjunta el MP y
CICIG y, además, las estructuras que hemos desarticulado los últimos meses. Los
enemigos del MP son grandes.
Han habido muchas muestras de
apoyo hacia usted en redes sociales e incluso hubo un plantón frente a la CSJ.
¿Cómo la hacen sentir?
Aprecio muchísimo esas muestras de apoyo, de verdad me
fortalecen y me dan ánimo para seguir mi trabajo. Estoy sorprendida de las
grandes muestras de apoyo.
¿Qué puede hacer la sociedad para
ayudar y apoyar el trabajo que ustedes hacen?
Es importante que la ciudadanía se involucre, que participe,
que esté pendiente de lo que hacemos, cuando el trabajo sea bueno decirlo y
cuando no, también. Guatemala ha pasado a una etapa en la que la participación
ciudadana es vital.
¿Cuál es el mayor reto para el MP
en este momento?
Seguir el fortalecimiento institucionalmente, continuar
el trabajo con las limitaciones que tenemos, especialmente los presupuestarios.
A mí me toca asentar las bases de la modernización del MP a partir de las
reformas legales. Pienso hacerlo de forma transparente, con ayuda de técnicos y
de los cooperantes.
En relación a los casos de alto
impacto, la mayoría de estos tienen un componente monetario de por medio, ya
sea malversación de fondos, lavado de dinero o compra de voluntades. Ante la
situación actual del país, ¿cree que aún debería existir el secreto bancario?
No. No debe existir si lo que queremos es transparencia.
El MP debería tener libertad de investigar, debemos abrir nuestras cuentas y
los funcionarios debemos publicar nuestra declaración patrimonial. Es parte de
la transparencia.
¿Se debe reformar a la forma de
elección de magistrados a la CSJ y a las cortes de apelaciones?
Sí, debe modificarse desde la forma de elección.
Cuando yo estuve en la CSJ en 2012, presentamos una reforma para elegirlos por
carrera judicial, y se necesita de un régimen disciplinario ágil que acompañe.
En la medida en que llevamos tantos casos
fuertes en los tribunales del país, cualquier ataque puede llegar en cualquier
momento y de cualquier lado.
El
caso Gudy Rivera
Esta mañana la CSJ
entró a conocer un recurso de antejuicio que había sido engavetado. Meses atrás
el MP solicitó que se le retirara la inmunidad al diputado patriota Gudy
Rivera, acusado de tráfico de influencias y cohecho activo. Pese a lograr la
reelección, el Tribunal supremo electoral (TSE) no le entregó su credencial. El
exdiputado fue acusado por la exmagistrada Claudia Escobar de ofrecer la
reelección de la jueza a cambio de que ella fallara a favor de la ex
vicepresidenta Roxana Baldetti (entonces en el poder).
Rivera quedó sin
inmunidad e incluso ya se encuentra en prisión preventiva. Los magistrados de
la CSJ convocaron a una sesión para conocer el recurso (de su situación en el
pasado). Existen tres escenarios: que la CSJ no lo entre a conocer y lo
devuelva al juez contralor, que sí lo entre a conocer y lo desestime o que lo
declare con lugar y eso podría provocar consecuencias legales para la Fiscal
General, Thelma Aldana, o para el juez que ordenó la captura de Rivera.
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